La Red de Políticas de I+D+I surge a finales de 2010 como elemento esencial de coordinación estratégica entre las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y la Administración General del Estado (AGE), a fin de colaborar en la movilización de los recursos y el acceso a la financiación europea en las mejores condiciones, todo ello, en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.